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Cuando los obispos emitimos un juicio pastoral en torno a leyes sobre aborto, familia, uniones homosexuales, eutanasia, alquiler de vientres, elecciones, educación, etc., es frecuente escuchar, sobre todo a políticos y articulistas, que nos entrometemos en lo que no nos toca. Nos achacan que queremos gobernar al país e imponer una moral y una religión a todos los ciudadanos; dicen que anhelamos volver a siglos pasados.
Al cardenal Juan Sandoval y al sacerdote Hugo Valdemar se les intenta enjuiciar penal o administrativamente, más allá de si el cardenal calumnió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (más bien de Legalidad, o de Constitucionalidad), o si ambos se sobrepasaron en sus juicios sobre el Partido de la Revolución Democrática, lo cual hay que analizar desapasionada y legalmente, lo que más interesa a quienes los enjuician es "pararle el alto" a la Iglesia para que no se meta en lo que ellos consideran asuntos que no nos competen, sino que les dejemos las manos libres para que legislen y procedan sin nuestra interferencia. En el fondo, el problema es que las leyes actuales del país no reconocen a los ministros de culto la libertad religiosa a que tenemos derecho para opinar sobre asuntos que tienen que ver con la moral y la fe. Nos han puesto candados legales, y quisieran reforzarlos aún más. ¿Esa es la democracia que alardean partidos y legisladores, limitando nuestra libertad? ¿Por qué ese temor a la Iglesia?